Desde la Unión de Asambleas ciudadanas (UAC), espacio que nuclea a organizaciones de vecinos en todo el país, entregaron un informe al Congreso alertando acerca de la contaminación causada por la minería, las fumigaciones y las pasteras.
La megaminería, los agroquímicos, las pasteras y la contaminación urbana generan consecuencias alarmantes en diversas provincias. En Córdoba se suman los problemas generados por la privatización del agua y los incendios intencionales.
En los últimos días, los vecinos realizaron un encuentro en Buenos Aires y entregaron un documento en el Congreso de la Nación reclamando a los diputados que intervengan ante estas problemáticas.
Desde hace seis años, la UAC viene realizando encuentros en distintos puntos del país. Allí, cientos de asambleas y organizaciones comparten los conflictos socioambientales que se viven en sus territorios y deciden acciones conjuntas para detener la contaminación y el daño a las poblaciones. Días atrás realizaron su decimoséptimo encuentro, que se concretó por primera vez en la ciudad de Buenos Aires.
“Hay un desarrollo de la participación de distintos grupos de vecinos a partir de la situación de conflicto que existe en los lugares donde viven; se ve mucha gente de Córdoba participando de los movimientos a partir de las fumigaciones, los fenómenos que perjudican el agua, la extracción de uranio”, indicó a este diario Juan Nicastro, integrante de la asamblea Villa Giardino Despierta, en relación a la provincia.
El avance de la minería a cielo abierto, las fumigaciones, las pasteras y la contaminación urbana son los principales conflictos detectados por los integrantes de la UAC al realizar una radiografía de la Argentina actual.
“Son conflictos socioambientales; no nos interesa solamente el ambiente en sentido geográfico, porque todo lo que repercute en el ambiente repercute en las sociedades”, aclaró Patricia Agosto, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de la ciudad de Buenos Aires.
Además, los integrantes de la Uac destacaron que los vecinos se involucran en estas problemáticas. “Hay cada vez más complejidad de estos movimientos, se involucran médicos, biólogos, periodistas”, dicen en relación a la creciente participación de redes de profesionales que investigan y difunden las consecuencias de la contaminación. En los últimos años, alrededor de 200 asambleas ciudadanas se sumaron al reclamo al gobierno nacional y los gobiernos provinciales para poner un freno a las consecuencias del actual modo de producción. “Con el gobierno de Kirchner y Cristina no se ha logrado y no es su propósito frenar este modelo extractivo sino que en muchos conflictos hay una profundización”, aseguran.
Zona por zona
“A medida que se va trasladando la sede de la Uac se van incorporando nuevas temáticas y las organizaciones tratan de mantenerlas”, explicó a este diario Patricia.
Así, mediante encuentros en diversas regiones del país, este espacio de articulación fue sumando a sus demandas las principales problemáticas ambientales de todo el territorio nacional. Los miembros de la Uac distinguen cuatro grandes conflictos que viene atravesando al país en los últimos años. Uno de ellos es la explotación minera, que se percibe especialmente en la zona cordillerana. Allí han surgido “muchas asambleas y organizaciones que luchan contra las grandes empresas mineras, que básicamente son multinacionales, aunque no únicamente”, señaló la integrante del espacio.
Sobre este punto, señaló que existe una gran cantidad de emprendimientos que ya están extrayendo minerales y provocando daños en el agua, el suelo, el aire y la salud de las poblaciones cercanas.
Pero, además, “hay muchísimos proyectos por empezar, en fase de cateo y exploración. Hay asambleas y organizaciones que se van a oponer y no van a dejar que avancen, como pasó en Chilecito y Famatina, o San Jorge en Mendoza, donde se logró parar un proyecto”, advirtió Patricia.
“Otro tema es el agronegocio, donde participan muchas asambleas de territorios asediados por la sojización y las fumigaciones”, añadió. La resistencia a esta problemática se hace especialmente visible en el centro del país a través de organizaciones surgidas en Córdoba, Santa Fe y la zona del Litoral.
Según indican, éste es uno de los conflictos que representan mayor peligro para las comunidades. En ese marco, destacaron la participación de los Médicos de Pueblos Fumigados en el encuentro realizado recientemente en Buenos Aires: “Son escalofriantes los datos e imágenes que mostraron de poblaciones que reciben directamente las fumigaciones con glifosato; hay un problema central que tiene ver con la muerte y las malformaciones”, dijeron.
La contaminación urbana también se suma a la lista de los reclamos que vienen sosteniendo desde el espacio. En este caso, la problemática es abordada principalmente por organizaciones de la ciudad de Buenos Aires y el interior de esa provincia, aunque también intervienen algunas asambleas de otras regiones.
Por último, los vecinos señalaron a las pasteras como una actividad que también atenta contra el ambiente y la salud, conflicto especialmente afrontado por organizaciones de varias ciudades de Entre Ríos. Y agregaron que la contaminación que genera esta actividad se volvió evidente a partir de que la planta de Botnia comenzó a funcionar en las costas del río Uruguay.
Además de estos cuatro conflictos, definidos como centrales en el contexto actual, los integrantes de la Uac mencionan la existencia de otros fenómenos preocupantes a nivel socioambiental. Tal es el caso de la extracción de petróleo, problema que es afrontado principalmente por comunidades mapuches en la Patagonia.
El escenario cordobés
Juan Nicastro, quien también participa de la Uac a través de la asamblea Villa Giardino Despierta y las Asambleas Unidas de las Sierras, describió que el panorama en la provincia de Córdoba está en consonancia con el resto del país.
La alarma por la instalación de la minería y la creciente aplicación de agroquímicos también viene provocando el surgimiento de asambleas de vecinos en Córdoba. A estos conflictos se suman la escasez de agua y su privatización en zonas serranas, los incendios intencionales y el desmonte.
En los últimos años, comunidades ubicadas en los valles de Punilla y Traslasierras han conformado diversas agrupaciones que buscan impedir la instalación de emprendimientos mineros. Ongamira Despierta es una de las organizaciones que desde hace tiempo viene trabajando en esta temática y que impulsó la sanción de la ley que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto en todo el territorio provincial.
Juan relató que actualmente “hay muchísima gente atenta a qué pasa con la extracción de uranio, que por el momento está frenada, pero si se realizara afectaría muy fuertemente la cuenca del lago San Roque”. Las fumigaciones también vienen generando resistencia en distintas regiones de Córdoba. La mayor parte de estas organizaciones están nucleadas en la agrupación Paren de Fumigar, un movimiento que, según los miembros de la Uac, “es muy fuerte en toda la provincia”. En ese marco, relataron que en marzo próximo se realizará un juicio a productores que aplican agroquímicos en el barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, provocando graves daños en la salud de sus habitantes. “Es un juicio importantísimo en Latinoamérica porque es el primero de estas características”, afirmaron.
En tanto, en localidades como Carlos Paz, Mendiolaza, La Cumbre y Villa Giardino los vecinos se han organizado para reclamar ante la escasez de agua. “No falta agua sólo por una situación coyuntural de sequía sino porque hay una distribución no democrática del agua, en base a pautas comerciales”, explicó el vecino de Villa Giardino. Y agregó: “Se está planteando hacer un acueducto especial para toda una serie de barrios privados, una inversión muy importante que no está pensada para el bien común sino para gente de altos ingresos. Eso también motiva la participación en instancias asamblearias”.
El avance de los desmontes y los incendios también se suman a las preocupaciones de las organizaciones en la provincia. “La población tiene conciencia de que las más de 100 mil hectáreas quemadas en esta temporada fueron incendios intencionales”, dijo Juan al respecto. Y continuó: “El daño social está clarísimo. Nosotros venimos sufriendo mayores inundaciones, sequía en las cuencas, vía libre al desmonte después de los incendios con el avance del proceso de desertificación, sin hablar del daño directo a productores que se les quemaron sus campos”.
Complicidad del gobierno
Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas sostienen que estos conflictos “tienen que ver con un modelo extractivo y productivo que busca maximizar las ganancias de la mano de grandes empresas con la complicidad de poderes políticos”. Y advierten que esta situación se repite en varios países de Latinoamérica.
Los vecinos señalaron que en el kirchnerismo “no hay intención de poner freno al modelo, se plantea una continuidad y en algunos casos profundización” de estos conflictos. Por este motivo, expresaron que las asambleas encuentran serias dificultades para dialogar con los gobiernos provinciales y el nacional.
Según subrayó Juan Nicastro, lo mismo ocurre en la provincia de Córdoba: “Con el gobierno de Schiaretti y De la Sota no vemos ningún tipo de freno a la devastación socioambiental. En los últimos días De la Sota hizo declaraciones en contra de la minería de uranio, y más allá de que le creamos o no lo que nos interesa es la devastación enorme que ya estamos sufriendo por los desmontes”.
En este sentido, relató que días atrás se detectaron importantes desmontes en la zona de Cruz del Eje.
“No vemos gran diferencia entre kirchnerismo o no kirchnerismo en cuanto a lo que sucede en Córdoba en lo ambiental; no hay interés profundo de tomar cartas en el asunto desde los gobiernos, pero sí desde las poblaciones”, aseveró el integrante de la organización en relación al distanciamiento de Unión por Córdoba y el Frente para la Victoria.
En este contexto, del 25 al 28 de noviembre cientos de vecinos de todo el país asistieron al 17º encuentro de la Uac que por primera vez se realizó en la ciudad de Buenos Aires y culminó en la localidad de Luján.
Allí, además de difundir a la población lo que está ocurriendo en cada provincia, los integrantes del espacio entregaron al Congreso Nacional una Agenda Popular Socioambiental, que consiste en “un informe detallado y elaborado por las mismas asambleas sobre los crímenes socioambientales que vienen cometiendo las empresas transnacionales en sus territorios”.
En dicho informe, los vecinos expresaron sus principales reclamos y puntualizaron qué leyes sería necesario derogar y cuáles habría qué hacer respetar para revertir la situación actual. “El objetivo era hacer una entrega formal en el Congreso, sabiendo que asumen nuevas autoridades, e interpelarlos de alguna manera”, indicaron.
PUNTAL - ACTA
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