Por Carlos Del Frade
La
Argentina del tercer milenio tiene su desarrollo basado en un modelo
extractivo que presenta varias máscaras según las particularidades
geográficas de las provincias donde se lleva adelante.
En la provincia de Misiones, por ejemplo, la careta adquiere fisonomía
de explotación forestal vinculada a las grandes pasteras que están
ubicadas en la tierra roja desde los últimos treinta años.
La selva original fue desplazada por los pinos importados y la yerba
mate ya no reúne a cientos de trabajadores que, de esta manera, tienen
que migrar hacia otras regiones de la Argentina.
El resultado es la extranjerización de las riquezas y la explotación industrial de los recursos naturales.
Una lógica que se repite, por ejemplo, en las provincias de San Juan y
Catamarca, donde las mineras a cielo abierto consumen millones de litros
de agua que comienzan a escasear para los agricultores familiares y,
por otra parte, empiezan a temer los efectos de tanto cianuro que se
utiliza en el proceso de la extracción de los minerales.
A pesar de que seis provincias tienen leyes que prohíben esta práctica
minera, de a poco, distintos gobernadores comienzan a promulgar otros
decretos que sirven de atajos legales para impulsar el negocio
multinacional.
El reelecto gobernador de San Juan, José Luis Gioja, por ejemplo, es un
firme defensor de la minería a cielo abierto y lo justifica diciendo
que no hace mal a la salud de nadie.
En la provincia de Santa Fe, en tanto, el modelo extractivo se apoya en
el avance furibundo de la frontera sojera hasta límites de realismo
mágico: hay que inventar la pampa para las vacas y para eso se usan las
islas que, por otra parte, deben ser quemadas.
Desde hace veinte años, el segundo estado de la República Argentina, ya
no tiene el mismo ecosistema de hace cuatro décadas atrás. La soja
barre con los ambientes regionales y los agroquímicos se usan en
cercanías de los pueblos.
Un juez de la ciudad de San Jorge, Tristán Martínez, sostuvo la
necesidad de no fumigar a menos de 800 metros del casco urbano, por
tierra, y mil quinientos metros por vía aérea. Cuando hizo este
pronunciamiento apoyado en el principio de precaución, el primero que
salió a responderle fue el gobernador Hermes Binner que sostuvo que no
estaba demostrado el carácter nocivo de los agroquímicos. Era la misma
lógica que la sostenida por Gioja.
Ni el cianuro ni el glifosato son sustancias nocivas para los
gobernadores de San Juan y Santa Fe. Ellos defienden los intereses del
modelo extractivo que en Cuyo es la minería a cielo y abierto y en la
provincia atravesada por las aguas marrones del Paraná, es el exacerbado
sojalismo.
Pero siempre hay voces que se las ingenian para hacerse escuchar.
La abogada ambientalista de Santa Fe, Graciela Gómez, criticó al
gobierno provincial y a los productores agropecuarios por las
fumigaciones con agrotóxicos, a las que calificó como un “genocidio
encubierto”. La profesional denunció “la connivencia
del poder político” y de la justicia de la provincia. En relación a la
muerte del trabajador rural Néstor Vargas, en el norte santafesino como
consecuencia de la manipulación del veneno conocido como 2,4, D, apuntó
que “el hecho de que desde la Corte Suprema de Santa Fe digan que no hay
insumos para hacerle una autopsia después de un mes, te da la pauta de
la connivencia del poder político del ministerio de Salud”.
Al modelo extractivo y sus distintas máscaras poco le importan estas
voces. Pero serán estas palabras la que alumbrarán un futuro distinto no
solamente para las provincias sino también para el país.
Connivencia: Confabulación, acuerdo entre varios para cometer un delito o una acción ilícita.
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