Por Claudio de Moya.- Ediles piden al municipio informes sobre obras que afectan al humedal, hechas por “ocupantes” del predio donado por Deliot.
El primer caso resonante fue el de la empresa holandesa Bema Agri, que levantó un terraplén de 20 kilómetros en las islas entrerrianas frente a Villa Constitución para sembrar soja y sorgo. Pero estas construcciones ilegales que modifican al ecosistema del Delta del Paraná continuaron. El colectivo ambientalista “El Paraná no se toca” denunció este año al empresario ganadero rosarino Enzo Mariani por bloquear con un endicamiento el arroyo De la Cruz, y luego registró fotográficamente una obturación similar en el sistema de arroyos de El Meoncito, ambos en jurisdicción del departamento entrerriano de Victoria. Ahora, desde el Concejo de Rosario se vuelve a exponer el tema, y con el aval de la jurisdicción propia: apuntan a intervenciones hidráulicas de análogo impacto sobre terrenos de la isla Charigüé donados a la Municipalidad rosarina. Con el agravante de que, en este caso, los responsables no son propietarios de las parcelas puestas en riesgo ambiental, sino ocupantes ilegales que las explotan con fines comerciales.