17/01/12 |En el 2011 y por cuarto año consecutivo, el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos quedó descartado de la agenda parlamentaria del año.
Hace cuatro años que los diputados nacionales (porque el proyecto tiene la aprobación del Senado) se niegan a tratar un tema de mucha importancia en la actualidad y para el futuro.
El proyecto de ley no es complejo. Se trata de “Presupuestos mínimos”, y establece un sistema de gestión de los residuos electrónicos a nivel nacional, separándolos del flujo de la basura domiciliaria por su potencialidad de contaminación y el valor de los materiales que contienen.
Hay que tomar conciencia de que la basura electrónica forma parte de los residuos domésticos y empresariales y es la que más aceleradamente está creciendo. A pesar de ello, en Argentina aún no se cuenta con políticas para su adecuada gestión. Con un agravante: los diputados se niegan desde el 2008 darle el tratamiento parlamentario para su aprobación.
A la hora de buscar los por qué de esta negativa, la única explicación racional es la falta de compromiso y la falta de responsabilidad. Es decir, no han estado a la altura de las circunstancias.
Los residuos eléctricos y electrónicos vienen creciendo en el país de manera exponencial y son muy contaminantes. Se estima que cada persona en Argentina genera al menos tres kilogramos de basura electrónica por año. Para tener una idea: a fines de 2012 se habrán descartado más de un millón de computadoras, más de diez millones de teléfonos celulares y más de 400 millones de pilas, según estudios técnicos aportados por Greenpeace.
Hoy el cuarenta por ciento de estos residuos terminan en rellenos o basurales, el 50 por ciento sigue siendo almacenado en depósitos o en hogares y sólo el diez por ciento llega a ser recuperado o reciclado.
Se sabe que hoy la tecnología –que antes era cara, compleja y orientada a un público selecto- hoy es barata, sencilla y fácilmente utilizables en la vida cotidiana. Debido al consumo masivo de aparatos eléctricos y electrónicos se genera mucha basura, que contiene sustancias químicas tóxicas y metales pesados.
El proyecto de ley busca que el productor de estos aparatos asuma responsabilidad extendida –como en las sociedades más avanzadas o donde tienen sus casas matrices-, de modo que las empresas importadoras, productoras o ensambladoras de productos eléctricos y electrónicos se hagan cargo legal y financieramente de la gestión y tratamiento de este tipo de residuos. Pero la ley profundiza otro aspecto y fija los lineamientos para la creación de una infraestructura nacional de transporte, acopio, recuperación y reciclado de este tipo de residuos a través de la creación de un ente mixto público no estatal responsable del sistema.
La inacción de los diputados nacionales alienta que las empresas trabajen con un doble estándar o doble discurso, porque en sus países de origen deben hacerse responsables de estos residuos y en Argentina no, y así transfieren estos costos a los ciudadanos. Con la anuencia de los legisladores nacionales, porque no abordan un problema elemental y potencialmente grave en el futuro inmediato.
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