Temas de la semana que se fue: el NO al horno pirolítico que anunció el municipio tras la audiencia pública y la incapacidad de encontrar alternativas para evitar episodios de violencia en un barrio de la ciudad.
Una de cal...
Una buena noticia sacudió a Santa Rosa durante la semana que se fue: las autoridades municipales, después de un tiempo de dudas y contradicciones, se convencieron de que no es conveniente para la vida de la capital provincial que funcione el horno pirolítico.
Con algo de sorpresa, el anuncio llegó de boca del mismo secretario municipal de Obras y Servicios Públicos, Javier Schlegel, que en los días previos había dado a entender que estaba tomada la decisión de instalar el horno, y que en todo caso lo que se estaba definiendo era su lugar de funcionamiento.
Se trata de un nuevo episodio que marca la ratificación de lo que parece ser un estilo de gobierno del intendente municipal, Luis Larrañaga: dar marcha atrás sobre los propios pasos cuando se evidencia un exceso de torpeza.
Ese mecanismo, que por momentos implica algunas conductas políticas que rozan lo bizarro, le ha permitido al jefe comunal subsistir en la gestión aun cuando demostró intenciones y convicciones totalmente contrarias a las que terminó practicando: ocurrió cuando anunció la disolución de la Secretaría de Cultura (que finalmente jerarquizó), cuando propuso la privatización de la cooperativa que opera el relleno sanitario, cuando tuvo la ocurrencia de cerrar la laguna Don Tomás o cuando reformuló las obras encaradas en el Parque Oliver.
En este caso, de todos modos, quedará en el recuerdo como el intendente que llamó a una audiencia pública para tratar la problemática (audiencia pública a la que, por otro lado, estaba obligado) y resolvió después de ese encuentro que la mejor salida no era la instalación del horno pirolítico sino la implementación de un mecanismo de autoclave y la trituración de residuos patológicos.
Esa propuesta es la que había sido formulada por especialistas en la materia, dirigentes ambientalistas y organizaciones que desde hace tiempo trabajan en la problemática.
También debe señalarse, por ejemplo, que el exconcejal radical Leandro Altolaguirre -a su vez principal referente de la Asociación Alihuén- había manifestado cierta confianza en que se atendieran los planteos de la audiencia pública, aun conocida la idea que tenían los funcionarios de la gestión Larrañaga.
La puesta en común de un debate sobre el tema permitió que el funcionario Jorge Luis Marani (director de Medio Ambiente y Zoonosis) trazara un panorama con algo de desolador respecto de cómo se ha trabajado en el tema durante largos años en que primaron la desidia, la pereza, la ignorancia y/o la negligencia. También la falta de voluntad política.
A partir de ahora se abre otro escenario, en el que independientemente de los pases de factura entre sectores políticos, es necesario avanzar hacia el bien común y tomando como norte la calidad de vida de la comunidad.
Para ello es necesario que tome el papel que le corresponde el actor que ha estado ausente en toda esta discusión, que es el gobierno provincial.
También resulta imperioso atender la advertencia que -entre otros- formuló el especialista Pablo D’Atri respecto de la necesidad de que se tome en cuenta el rol de los sectores privados: los residuos patológicos son de quienes los generan, y en ese sentido sería oportuno, justo y equitativo que las clínicas, sanatorios y otros organismos que hacen de la Salud un negocio no sólo empiecen a pagar las tasas que por este rubro ya están adeudando, sino que sean gravados de modo más lógico y más acorde al papel social que están cumpliendo.
...y una de arena...
Una situación de violencia en un barrio puntual de la ciudad demuestra la incapacidad de las organizaciones comunitarias -incluyendo, desde ya y especialmente, al Estado- para una respuesta alternativa a la contestación policíaca.
Aunque el tema en principio fue tratado de modo poco menos que informal, desnuda una realidad lamentable para la que sería necesario encontrar otras salidas.
La historia es así: después de varias jornadas de recibir piedrazos en los vidrios de los colectivos que ingresan al barrio Santa María de La Pampa, la empresa Autobuses Santa Fe decidió no entrar más a ese sector, perjudicando a los vecinos para quienes es imprescindible contar con ese servicio de transporte.
Por ahora, la única ocurrencia de representantes de la comisión vecinal, funcionarios municipales y policías fue proponerle a la firma que sus micros vayan escoltados por patrulleros, con la supuesta idea de amedrentar a los pibes que tiran los piedrazos.
Por lo visto, ha sido imposible (no pasó por la cabeza de los sectores involucrados, algunos de los cuales directamente estuvieron ausentes en la reunión, como por ejemplo los concejales, o funcionarios del gobierno provincial) buscar alternativas que apunten más al fondo de la cuestión, y que eviten la posibilidad de que los daños no sólo se sigan registrando, sino multiplicando.
El objetivo final, en realidad, sería no sólo evitar que se rompan los micros (lo cual además podría terminar de peor modo, con alguna lesión de una persona) sino convencer a los chicos que cometen esa “travesura” que se trata de un ataque a una elemental convivencia, en la que resultan perjudicados sus vecinos y ellos mismos.
Por otra parte, una empresa y el Estado deben encontrar metodologías para que no se levante un servicio esencial de modo unilateral y pensando exclusivamente en el daño económico: Autobuses Santa Fe hace un negocio con la prestación del servicio y no tiene derecho a discriminar a tal o cual barrio (mucho menos el Estado puede ser cómplice de esa situación), aunque sí a garantizar la seguridad de sus trabajadores y de los pasajeros.
La pregunta que se cae de madura es si se intentaron los caminos para encontrar una solución antes de apelar a lo que parece ser una moda, y que en realidad no es más que un parche (si llega a serlo): poner a jugar la policía, con sus uniformes, sus patrulleros, sus armas, demuestra la ineptitud para enfocar otros caminos, el fracaso del diálogo y la mediación.
Al mismo tiempo no debe descartarse que la presencia policial, sin otras propuestas en el proceso, derive en una nueva reacción violenta, ya que puede ser interpretada por algunos sectores como una provocación a partir de la fama que las fuerzas policiales se han hecho a sí mismas en determinados sectores geográficos y sociales de la ciudad y de la provincia.
No es ninguna novedad que determinados actores de las fuerzas policiales no han acomodado del todo sus procederes a los que la democracia exige.
Durante esta semana hubo algunos episodios noticiosos que demuestran esa carencia y esa deuda que el sistema tiene con los ciudadanos: la condena de 4 policías que en General Acha abusaron de su poder; la innecesaria provocación de deterner e iniciarles una causa a los jóvenes del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos que recordaban La Noche de los Lápices; y la liberación del detenido que quedaba por el crimen del empresario Moneo Simón, que demuestra hasta qué punto la costumbre de torturar para conseguir confesiones es el peor boomerang para el éxito de una investigación.
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